Maryland en riesgo financiero por demandas de abuso infantil
El estado de Maryland se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica sin precedentes tras la implementación de la Ley de Víctimas Infantiles. Según informes recientes, el estado enfrenta una posible responsabilidad civil que asciende a los $60 mil millones de dólares, derivada de más de 12,000 demandas interpuestas contra instituciones públicas y entidades financiadas por el gobierno.
Esta legislación, que eliminó los plazos de prescripción para que las víctimas de abuso sexual infantil busquen justicia civil, ha generado un aluvión de litigios que ahora pone en jaque la estabilidad de las finanzas estatales.
La magnitud de esta cifra es tal que supera el presupuesto anual total de operación del estado para el presente año fiscal 2026. Analistas financieros advierten que, de llegar a pagarse una fracción significativa de estas demandas, Maryland podría verse obligado a realizar recortes drásticos en áreas críticas como infraestructura, salud y, paradójicamente, educación.
Aunque la ley busca reparar el daño histórico causado a miles de sobrevivientes, el impacto en la solvencia del estado ha generado un intenso debate en la legislatura sobre cómo equilibrar el derecho a la indemnización con la viabilidad del sector público.
Bajo el actual clima político en los Estados Unidos, donde la administración de Donald Trump enfatiza la responsabilidad fiscal de los estados, Maryland se encuentra en una posición aislada. Las autoridades estatales están explorando mecanismos de defensa legal y posibles fondos de emergencia, pero el volumen de casos sugiere que los tribunales estarán saturados durante años.
Mientras las víctimas esperan que este proceso traiga el cierre emocional y económico que se les negó por décadas, el gobierno de Maryland trabaja contrarreloj para evitar una quiebra técnica que afectaría a millones de residentes.
