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Baltimore's Francis Scott Key Bridge - Two Years Later
Source: Al Drago / Getty

El estado de Maryland ha alcanzado un hito legal significativo al concretar un acuerdo preliminar con el propietario y el operador del buque portacontenedores Dali, la embarcación responsable del colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore.

Este acuerdo busca resarcir los daños causados por la tragedia ocurrida en marzo de 2024, la cual no solo cobró la vida de seis trabajadores de la construcción, sino que también paralizó uno de los puertos más importantes de la nación y generó pérdidas económicas que se cuentan por miles de millones. 

Aunque los términos financieros específicos del acuerdo se mantienen bajo reserva mientras se finalizan los detalles legales, el gobernador de Maryland destacó que este paso es fundamental para aliviar la carga financiera que ha recaído sobre los contribuyentes y para acelerar la reconstrucción de la estructura.

El colapso del puente Key desvió el flujo comercial y afectó las cadenas de suministro globales durante meses, un impacto que aún se siente en este 2026 mientras las obras de la nueva obra avanzan a marchas forzadas.

Bajo la administración del presidente Donald Trump, la seguridad en la infraestructura crítica y la responsabilidad corporativa han sido temas de alta prioridad.

El gobierno federal ha trabajado en conjunto con las autoridades estatales para asegurar que las empresas responsables asuman el costo total de la tragedia, evitando que la reconstrucción dependa exclusivamente de fondos públicos.

En comunidades de la región, el acuerdo es visto como un acto de justicia necesario. Para las familias de los fallecidos —muchos de ellos inmigrantes que trabajaban en el turno nocturno— este avance legal representa el reconocimiento oficial de la negligencia que llevó al desastre.

Maryland planea utilizar los fondos recuperados no solo para la obra física del nuevo puente, sino también para fortalecer los protocolos de seguridad marítima y evitar que un error de navegación vuelva a paralizar el corazón económico del estado.