ESCÚCHANOS
Close
A smiling woman holding a clipboard while shopping in a grocery store aisle filled with fresh produce and packaged goods.
Source: Canva/Radio One

ANNAPOLIS, Maryland — La administración del gobernador Wes Moore y la vicegobernadora Aruna Miller reafirmó su compromiso de mantener la asistencia alimentaria para miles de familias en Maryland, implementando medidas tecnológicas y de alcance directo para contrarrestar las barreras impuestas por la legislación federal H.R. 1.

Según cifras difundidas por el Departamento de Servicios Humanos (DHS) de Maryland, desde la implementación de las nuevas exigencias federales en noviembre de 2025, un total de 35 861 residentes perdieron sus estampillas de comida, afectando principalmente a adultos mayores, familias con adolescentes, personas sin hogar e inmigrantes con estatus legal.

Iniciativas tecnológicas y de alcance directo

Para facilitar el acceso y evitar que los trámites burocráticos priven a la población de sus alimentos, el gobierno estatal cumplió el primer aniversario de la plataforma Maryland Benefits One Application.

A través de este portal unificado para dispositivos móviles, más de medio millón de personas han procesado sus solicitudes de asistencia social, logrando reconectar a 289 554 ciudadanos con el programa SNAP.

A la par de esta herramienta, el DHS puso en marcha una campaña masiva de mensajes de texto dirigida a 25 000 usuarios que perdieron la ayuda debido a las reglas de trabajo de la norma H.R. 1, orientándolos sobre cómo reingresar al sistema mientras cumplen los requisitos exigidos.

Seguridad contra fraudes y transparencia

En materia de protección al usuario, Maryland se posicionó como el cuarto estado a nivel nacional en emitir tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) provistas con chips de seguridad y tecnología de contacto, equiparando la protección de los fondos públicos al estándar de las tarjetas de débito comerciales.

Junto a estas acciones, la administración Moore lanzó un panel de datos en línea que permite consultar el impacto mensual de las normas federales por condado, brindando transparencia a las organizaciones comunitarias para enfocar el apoyo en las zonas de mayor necesidad.